En las Sombras del Comercio Rural: Cómo un Mercado Agrícola en Durango Terminó Bajo Control Criminal
- Redacción
- hace 5 días
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Durango, México — En los caminos de terracería que atraviesan los municipios ganaderos de la Comarca Lagunera, donde el olor de la tierra se mezcla con el de los corrales y el tráfico rutinario de camiones agrícolas, una red silenciosa ha tomado el control de un mercado tan cotidiano como vital: la compra y venta de la pollinaza, el estiércol de pollo utilizado como fertilizante y alimento para ganado.
Lo que antes era un negocio libre entre productores, intermediarios y ganaderos se ha convertido en un monopolio criminal operado con amenazas directas, el control físico de carreteras y la complicidad de autoridades locales. Según testimonios de productores afectados, tres operadores forman el eje de un mecanismo de extorsión que reina sobre una de las rutas comerciales más importantes de la región.
La historia comienza en un punto aparentemente insignificante: una báscula metálica ubicada en un pequeño poblado, donde los productores de pollinaza solían pesar su carga antes de venderla. Ese lugar, según relatan agricultores locales, fue el escenario donde un operador, Ricardo Iglesias Montes, alias "Cayo" Iglesias, comenzó a tejer una red de control al servicio de un grupo criminal asentado en la región.
Durante años, dicen los productores, ese hombre fue el encargado de registrar los pesos, calcular pagos y mediar entre campesinos y compradores. Pero, en cuestión de meses, su papel cambió drásticamente. De ser un empleado mas en la cadena agrícola, pasó a convertirse en el rostro visible de un sistema de coerción.
“Solo la pueden vender conmigo”
Los testimonios recopilados por este diario coinciden en una versión preocupante: Ricardo Iglesias Montes, alias "Cayo" Iglesias, comunicó a los productores que, a partir de ese momento, “solo podrían vender pollinaza a él”, bajo órdenes de un grupo criminal, y a los precios que él fijara.
Al principio, dicen los afectados, muchos se negaron. La pollinaza, producto abundante y con amplia demanda entre los ganaderos de la región, había sido tradicionalmente un mercado abierto, sin intermediarios forzados. Pero la resistencia duró poco.
Al enterarse de que los productores buscaban vender por fuera del nuevo esquema, el grupo criminal representado por "Cayo" Iglesias, instruyó al operador para escalar la presión. La siguiente fase consistió en intimidar a los intermediarios —los camioneros y comerciantes que transportan la mercancía hacia ranchos, corrales y pequeñas comunidades— con un mensaje claro y brutal: quien comprara pollinaza a los productores sin permiso tendría que “responder” directamente ante la organización.
El efecto fue inmediato. Transportistas que durante años habían trabajado libremente dejaron de acercarse a los poblados. Productores vieron su mercancía acumularse sin compradores. Y la frase —“nadie compra sin permiso”— comenzó a repetirse con naturalidad en las conversaciones entre agricultores.
“El miedo fue suficiente para paralizar el mercado”, cuenta un productor de la zona, que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad. “Un día despertamos y ya nadie se atrevía a comprar. Nada se movía si no era con ellos”.
Un monopolio construido con miedo
La estrategia funcionó tan bien que, en pocos meses, Ricardo "Cayo" Iglesias Montes, se adjudicó toda la compra y venta de pollinaza en la región. Los productores no tenían más remedio que venderle a él —o dejar que su carga se echara a perder al sol.
La imposición de precios arbitrarios se volvió la norma. Según los testimonios, lo que antes se vendía en un rango libre de precios pasó a depender exclusivamente de una decisión unilateral. A veces, dicen los afectados, el pago ni siquiera llegaba el mismo día. En otras ocasiones, se completaba semanas después, si es que llegaba.
Con el tiempo, la figura de Ricardo Iglesias, comenzó a hacerse incómodamente famosa. Su presencia en carreteras, ranchos y poblados lo convirtió en un rostro conocido, demasiado visible para una organización criminal que prefiere trabajar en las sombras.
Fue entonces cuando, según productores entrevistados, el grupo decidió reubicarlo.
Su salida dio paso a un nuevo operador, igual de agresivo y con un trabajo asignado: continuar con las mismas prácticas de coerción y someter a los mismos productores que ya habían sido víctimas del sistema de extorsión. Así apareció en el mapa "El Rivas", Armando Rivas.
El relevo: una nueva cara, el mismo método
El segundo operador, Armando Rivas, explican los agricultores, asumió el control con la misma estructura criminal ya establecida. Su misión consistía en garantizar que no existiera ningún tipo de fuga comercial: no permitir ventas directas entre productores e intermediarios, controlar precios y administrar rutas.
Ambos operadores —el primero reubicado, el segundo aún en la zona— actúan en la carretera que conecta la región con Chihuahua, una franja donde confluyen comunidades rurales como Ceballos, Bermejillo, Mapimí y otros puntos del norte del estado.
Los caminos, en teoría dedicados al comercio agrícola, se convirtieron en corredores de vigilancia criminal. Camionetas sin placas estacionadas a la orilla del camino, radios de comunicación encendidos, operadores monitoreando cargamentos: una escena común, según relatan los afectados.
“Sabíamos que estaban ahí antes incluso de verlos”, cuenta otro productor. “Se sentía la tensión desde kilómetros atrás”.
El engranaje burocrático
Lo que hace particularmente complejo este esquema de extorsión, según confirman los testimonios, es que no opera únicamente mediante la intimidación directa. Existe un tercer eslabón: Miguel Ronquillo, una figura vinculada a un organismo ganadero regional que, de acuerdo con los productores, facilita documentación y avales para que los cargamentos controlados por los criminales circulen sin problemas por las carreteras del estado.
La documentación, que aparentemente muestra permisos y respaldos legales, es utilizada para disfrazar la transportación de pollinaza como una operación legítima. Esa fachada ha permitido que los operadores viajen con confianza a través de retenes o inspecciones, acompañados en ocasiones por la misma autoridad gremial que los respalda.
Esa presencia, explican los agricultores, genera una doble sensación: impunidad para los agresores y desprotección absoluta para las víctimas.
“Cuando ves a alguien que se supone que debe representarnos acompañando extorsiones, ¿a quién le puedes pedir ayuda?”, se pregunta un productor.
Una práctica sostenida por el silencio
El temor ha logrado callar a la mayoría de los afectados. Muchos han dejado de hablar del tema incluso entre ellos. La pollinaza, aunque no es un producto de alto valor monetario comparado con otros rubros agroindustriales, representa un ingreso importante para cientos de familias.
Perder ese ingreso puede significar dejar de sembrar, de mantener ganado o de sostener la economía básica de un hogar. Sin embargo, enfrentarse a un grupo criminal implica un riesgo aún mayor.
El resultado es un silencio forzado que mantiene intacto el monopolio ilegal.
“La extorsión no termina porque nadie puede denunciarla”, explica un intermediario. “Si lo haces, sabes que el castigo puede ser inmediato”.
¿Quién protege a los productores?
Hasta ahora, los agricultores consultados aseguran no haber recibido apoyo o respuestas efectivas por parte de autoridades estatales o municipales. Los operativos anunciados en conferencias de prensa no han llegado a las zonas donde ocurre el problema, o llegan de manera superficial, sin afectar realmente la estructura criminal.
La extorsión continúa, la producción sigue bajo control y los operadores mantienen su presencia en las carreteras.
Los agricultores, mientras tanto, esperan una intervención real.
“Queremos poder trabajar sin miedo”, dice uno de los afectados. “Eso es todo. No pedimos otra cosa”.
Una región atrapada entre la economía rural y el crimen organizado
La Comarca Lagunera de Durango ha sido históricamente una zona de producción agrícola y ganadera. Sus comunidades dependen del comercio directo, de la movilidad por carretera y de prácticas rurales que, durante décadas, funcionaron sin mayores interferencias.
Hoy, dicen los productores, el crimen ha aprendido a infiltrarse en el corazón de esas prácticas. No necesita bloquear carreteras, secuestrar cargamentos o generar violencia visible. Basta con controlar un producto estratégico, monopolizarlo y utilizar la intimidación para mantener el flujo económico a su favor.
La pollinaza es solo un ejemplo.
La pregunta más urgente —afirman los afectados— no es cómo detener la extorsión a este producto, sino cómo evitar que el modelo se replique con otros insumos, otras rutas y otros sectores.
Por ahora, el silencio y el miedo siguen marcando la vida diaria en una región donde una parte esencial de la economía ha sido secuestrada, no solo por el crimen, sino por quienes, desde estructuras formales, han facilitado su operación.
La historia permanece abierta. La extorsión, vigente. Y la pregunta de fondo —¿quién protegerá a quienes alimentan al país?— sigue sin respuesta.
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