Las contradicciones del gobernador Esteban Villegas ante la crisis de extorsiones en Durango

El discurso del poder

Hace una semana, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, lanzó una declaración que pretendía transmitir autoridad y cercanía con el sector productivo:

“Si hay empresarios que están siendo extorsionados, que me digan y yo lo arreglo. Para eso soy el gobernador.”

La frase, pronunciada con aparente seguridad, se convirtió rápidamente en un símbolo de las contradicciones que atraviesan su administración. Lo que buscaba ser un gesto de liderazgo terminó generando molestia entre productores, empresarios y medios de comunicación, que vieron en esas palabras una trivialización de un problema profundo y sostenido: la extorsión sistemática en distintos sectores económicos del estado.

Pocas horas después, organizaciones empresariales y productivas respondieron con un comunicado conjunto titulado “Organizaciones exigen al Gobernador de Durango acciones, no discursos”. El documento, firmado por representantes de rubros como la ganadería, la construcción, el transporte, los pequeños negocios y los productores de pollinaza, es un diagnóstico lapidario de la distancia entre el discurso gubernamental y la realidad de los ciudadanos.

Las voces del campo y la industria: “Seguimos sin ver resultados reales”

El comunicado abre con un mensaje contundente:

“Escuchamos sus declaraciones sobre el combate a las extorsiones en Durango. Sin embargo, como personas afectadas por este delito, seguimos sin ver resultados reales. Las palabras no bastan cuando las extorsiones continúan y las víctimas permanecemos sin justicia.”

Los firmantes acusan al gobierno estatal de mantener un silencio administrativo prolongado, pese a que desde el 5 de febrero de este año presentaron una solicitud formal de audiencia —con acuse de recibo en la Secretaría Particular del Gobernador— sin haber recibido respuesta. “Es grato saber que tras nueve meses manifieste interés en escucharnos”, ironizan.

Las organizaciones reclaman medidas concretas:

• Informar cuántos casos de extorsión se han atendido, judicializado y sentenciado durante su administración.

• Crear un sistema confiable de medición que refleje las experiencias reales de las víctimas.

• Establecer un mecanismo integral de atención a víctimas con participación ciudadana y empresarial.

• Depurar las corporaciones policiacas y auditar la Vicefiscalía de Durango en Lerdo, señalada por sus omisiones.

• Presentar el informe del cateo a la CATEM en Gómez Palacio, realizado el 5 de septiembre tras denuncias de cobros ilegales.

• Atender la extorsión en el comercio de pollinaza, en la construcción, transporte y pequeños negocios.

• Publicar informes bimestrales con avances verificables.

La frase final del comunicado resume el hartazgo colectivo:

“Gobernar es asumir la responsabilidad, no maquillarla.”

Un gobernador a la defensiva

En respuesta, Villegas adoptó un tono desafiante. En declaraciones recientes, desestimó el comunicado empresarial al calificarlo como “un refrito de semanas pasadas” y señaló que algunas notas periodísticas sobre el tema son impulsadas por medios “molestos” con su administración por no haber renovado convenios comerciales.

“Hay algunos medios que no tuvieron acuerdos con el gobierno, y como les quité el convenio, están molestos y sacan cosas viejas. Son refritos”, declaró.

La acusación no pasó desapercibida. Diversos periodistas locales interpretaron esas palabras como una forma de presión política y condicionamiento económico, al vincular la crítica periodística con la existencia o ausencia de contratos publicitarios con el gobierno estatal.

El caso CATEM: la raíz de un conflicto

El conflicto actual tiene su origen en las denuncias que desde hace más de un año han presentado productores y empresarios contra integrantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), organización sindical que, según los afectados, impone cobros ilegales por concepto de “protección” o “cuotas” a cambio de permitir la operación normal de negocios, transportes y obras.

En agosto de este año, el propio gobierno de Durango reconoció que investigaba denuncias de extorsión vinculadas a la CATEM en la región Laguna, y anunció un cateo a sus instalaciones en Gómez Palacio. Sin embargo, los empresarios aseguran que no se ha presentado públicamente ningún informe de resultados, pese a las reiteradas solicitudes de transparencia.

“Se nos dijo que el tema estaba en manos de la Vicefiscalía, pero ahí se perdió todo. Nadie nos informa, nadie nos protege”, afirma un productor de materiales de construcción que pidió el anonimato por temor a represalias.

La Vicefiscalía de la Región Laguna, bajo la lupa de los denunciantes, enfrenta acusaciones de omisión y complicidad. En el comunicado empresarial se exige su auditoría inmediata y la depuración de las corporaciones policiacas estatales, señaladas por su pasividad ante las denuncias.

El doble discurso: entre la promesa y la negación

Lo que más ha indignado a los sectores productivos es la contradicción en los mensajes del gobernador. Mientras en público se muestra dispuesto a “arreglar personalmente” los casos de extorsión, en sus recientes declaraciones afirmó que el tema no le compete directamente, sino que es “responsabilidad del Gobierno Federal”.

“La extorsión es un delito del fuero federal, no del estatal”, dijo en una rueda de prensa reciente. “Nosotros colaboramos, pero hay límites de competencia.”

Esta ambigüedad ha dejado al empresariado en una especie de limbo institucional: por un lado, el gobernador promete intervenir; por otro, se deslinda.

De acuerdo con analistas locales, esta estrategia discursiva busca minimizar la presión política y reducir el costo de la falta de resultados. Sin embargo, genera un efecto contraproducente: refuerza la percepción de impunidad y desprotección.

Las cifras que no cuadran

Aunque el gobierno estatal ha afirmado que los índices de extorsión “van a la baja”, no ha presentado datos verificables. En Durango no existe actualmente un sistema público de monitoreo que permita comparar denuncias formales con percepciones ciudadanas.El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra una disminución marginal en las denuncias por extorsión durante 2025, pero las organizaciones empresariales insisten en que eso no refleja la realidad, ya que la mayoría de las víctimas no denuncia por miedo o desconfianza.

Los sectores más afectados son:

• Construcción: cobro de cuotas por metro cúbico de material extraído o transportado.

• Ganadería y agricultura: extorsiones por permisos o movilización de animales.

• Transporte: “cuotas de paso” y retenciones en retenes informales.

• Pollinaza y pequeños negocios: cobros ilegales a productores y vendedores locales.

Un empresario del sector transportista resume la sensación general:

“No necesitamos discursos, necesitamos protección. Nos piden cuotas con el logo de un sindicato, y la policía pasa enfrente como si no viera.”

Los medios bajo fuego

El enfrentamiento entre el gobernador y los medios locales añadió una nueva capa de tensión. Durante una rueda de prensa, Villegas increpó directamente a reporteros de El Siglo de Torreón, acusando a ese y otros medios de actuar por resentimiento económico:

“No cumplieron con el acuerdo que tenían con el gobierno. Les quitamos el convenio porque no hicieron lo que debían y ahora se ponen a sacar notas en contra.”

La frase causó polémica, pues sugiere una visión clientelar de la relación entre gobierno y prensa, en la que los convenios publicitarios serían un mecanismo de control informativo. Diversas voces del periodismo local han advertido que esa postura pone en riesgo la libertad de prensa y debilita la transparencia institucional.

El Colectivo de Periodistas de La Laguna emitió un posicionamiento en redes sociales calificando las declaraciones del gobernador como “intimidatorias y contrarias al ejercicio libre de la información”.

En paralelo, la Asociación de Medios Independientes de Durango (AMID) pidió al Congreso local revisar los mecanismos de asignación de recursos publicitarios oficiales, para garantizar criterios de equidad, transparencia y no discriminación.

El silencio de las instituciones

A pesar del ruido mediático, las respuestas institucionales han sido escasas.Ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Fiscalía General del Estado han ofrecido un balance público de las investigaciones por extorsión.Los empresarios sostienen que, tras el cateo a la CATEM en septiembre, todo volvió al punto cero.

“Después del operativo, se prometieron resultados. Pasaron dos meses y no sabemos nada. Las mismas personas siguen ahí, los mismos cobros, el mismo miedo”, dice una empresaria del sector pollinero.

El gobierno federal, por su parte, no ha hecho pronunciamientos públicos sobre el tema, a pesar de que el gobernador insiste en que es una materia de competencia federal. En los hechos, la ciudadanía no distingue niveles de gobierno: la extorsión se vive en las calles, no en los oficios administrativos.

De la promesa al descrédito

Las contradicciones discursivas de Villegas no son nuevas. Desde su campaña prometió “recuperar la confianza de los duranguenses” y “poner orden en las calles”.Sin embargo, analistas locales señalan que la gestión de seguridad pública en su administración se caracteriza por la opacidad, el bajo perfil de sus funcionarios y la ausencia de resultados medibles.

Cuando el gobernador afirma que “la extorsión ya no se da en la Laguna” —como declaró el 7 de noviembre en un acto público—, los testimonios empresariales y las denuncias en curso lo contradicen de forma tajante.

“Nosotros seguimos pagando por trabajar. No queremos enfrentarnos al gobierno, pero sí queremos que gobierne”, resume un integrante del Consejo de Productores del Norte de Durango.

La política del espejismo

En la comunicación pública, Villegas ha buscado proyectar una imagen de gestor conciliador, médico de profesión y político pragmático. Sin embargo, sus recientes declaraciones muestran una estrategia defensiva basada en la descalificación y la transferencia de responsabilidad:primero, ofrece “arreglar” los problemas; luego, afirma que no le competen; después, culpa a los medios por publicarlos.

Esa secuencia discursiva erosiona su credibilidad. A diferencia de otros momentos de crisis, esta vez la respuesta social ha sido más articulada: los empresarios firmaron un comunicado conjunto, los periodistas defendieron la libertad informativa y las redes sociales amplificaron los reclamos.

Un clima de desconfianza creciente

El efecto más preocupante no es político, sino social. En Durango se instala un clima de desconfianza generalizada: los ciudadanos no confían en denunciar, los empresarios no confían en el Estado, y los medios sienten que el poder busca condicionar su trabajo.

Según especialistas en seguridad, esa combinación es la más peligrosa: cuando la ciudadanía deja de creer en la protección institucional, los mecanismos de extorsión se fortalecen y se normalizan.En ese contexto, cada contradicción pública del gobernador —cada frase improvisada o cada desliz retórico— se convierte en un recordatorio del vacío entre el discurso y la acción.

De los convenios al compromiso

El episodio con los medios abrió otra discusión: ¿qué significa “no cumplir con el acuerdo que tenían con el gobierno”?Fuentes de la Secretaría de Administración y Finanzas confirmaron de manera extraoficial que existen convenios publicitarios con diversos medios locales, pero se desconoce el criterio de asignación y renovación.Organizaciones civiles han pedido que se publiquen los montos, objetivos y cláusulas de estos contratos, pues consideran que el uso discrecional de la pauta oficial distorsiona la relación entre prensa y poder.

El gobernador, en lugar de ofrecer claridad, eligió cuestionar públicamente a los medios que no reproducen su versión de los hechos.Esa postura, según el politólogo Manuel Treviño, “refleja una concepción autoritaria del poder comunicativo: el que no está conmigo, está en mi contra.”

Una oportunidad perdida

El caso de la extorsión en Durango pudo ser una oportunidad para que el gobierno estatal mostrara liderazgo, coordinación y sensibilidad social.En lugar de eso, ha derivado en una guerra de declaraciones, acusaciones cruzadas y desconfianza mutua.

El cierre o investigación de la CATEM, presentado inicialmente como una acción firme, terminó diluyéndose en el silencio.La promesa de atender personalmente los casos quedó desmentida por el propio gobernador al declarar que “no es su competencia”.Y la relación con la prensa se tensó a niveles inéditos en su gestión.

El saldo político es negativo: Villegas aparece ante la opinión pública más preocupado por el control de la narrativa que por la solución del problema.

Gobernar o justificarse

Las contradicciones del gobernador Esteban Villegas no son solo retóricas.Representan la crisis de un modelo político que confunde la comunicación con la gestión y la publicidad con la transparencia.

El comunicado de los empresarios no pide imposibles: pide datos, justicia, protección y diálogo.Lo que reciben a cambio son respuestas evasivas, reproches a la prensa y alusiones a convenios rotos.

Mientras tanto, los sectores productivos de Durango siguen enfrentando cobros ilegales, amenazas y miedo.Y la ciudadanía observa cómo el discurso oficial se aleja cada vez más de la realidad.

Gobernar —como lo recordaron los productores— no es maquillar los problemas, sino asumirlos y resolverlos.Por ahora, las extorsiones siguen, las víctimas esperan justicia, y el gobernador de Durango sigue atrapado entre sus propias palabras.