“Nos cobran por trabajar”: la extorsión que asfixia a la Comarca Lagunera

No hay nada más triste que tenerle miedo a tu propio taller. Yo levanté el mío hace quince años, en Gómez Palacio, con diez obreros y la ilusión de fabricar estructuras metálicas que duraran más que los discursos de los políticos. Hoy, antes de abrir la puerta, reviso el retrovisor dos veces, por si alguien nos sigue. No temo a los ladrones. Temo a los que dicen representar a los trabajadores.

Hace tres años aparecieron los hombres de la CATEM, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Llegaron con chalecos, carpetas y una sonrisa que ya traía precio. “Venimos a ofrecerte tranquilidad sindical”, me dijeron. La frase sonaba amable, pero en la Comarca Lagunera todos sabemos lo que significa: si no pagas, no trabajas. Si no firmas, te paran la obra. Si te niegas, te mandan gente a la puerta para gritar que eres un explotador. Al principio pensé que eran rumores, exageraciones de los que siempre se quejan. Hasta que me tocó a mí.

Recuerdo la primera visita. Eran tres. Uno se presentó como delegado regional, otro como “coordinador de zona”. El tercero no habló; solo miraba alrededor como si ya estuviera calculando cuánto valía mi miedo. Me ofrecieron “afiliar” a mis trabajadores para evitar problemas. Detrás de cada palabra había una amenaza invisible. “Aquí todos cooperan, patrón”, dijo uno. Yo no cooperé. Dos semanas después, una camioneta con el logo de la CATEM bloqueó la entrada al taller. No entró ni salió nadie durante horas. Perder ese día me costó más que la “cuota” que me pedían. Y ellos lo sabían.

En Torreón y Lerdo las historias se repiten. Ingenieros, contratistas, dueños de transportes. Todos conocen la dinámica: los llamados “sindicatos blancos” quedaron atrás; ahora lo que hay son sindicatos con rostro de grupo de presión. En teoría defienden derechos laborales; en la práctica, cobran piso. Nadie quiere denunciar, porque saben lo que pasa: te marcan, te vigilan, te cierran el paso. Algunos terminan pagando para poder respirar tranquilos. Otros, como yo, vivimos con la paranoia de que cualquier golpe en la puerta puede ser el siguiente “aviso”.

Hace unos meses, mientras leía el periódico, me topé con una noticia que me devolvió una chispa de esperanza: la reforma al Artículo 73 de la Constitución. Por fin, el Congreso de la Unión tendría la facultad para legislar sobre extorsión como un delito federal. En papel, suena técnico, lejano. Pero para los que vivimos esto, significa la posibilidad de que alguien en Ciudad de México escuche lo que aquí se grita en silencio. Significa que las extorsiones disfrazadas de cuotas ya no serían solo un problema local, enterrado entre códigos penales estatales que cambian de estado a estado. Significa que lo nuestro dejaría de ser “conflicto sindical” para llamarse por su nombre: crimen.

La Comarca Lagunera es un territorio sin medias tintas. Entre la polvareda del desierto y el olor a fábrica, la economía sobrevive por la terquedad de los pequeños empresarios y la fuerza de los obreros que siguen creyendo en su oficio. Pero esa resistencia se ha vuelto una carga. La CATEM se infiltró en cada rincón, ofreciendo representaciones laborales que nadie pidió. En obras públicas, en parques industriales, en carreteras. En cada punto, la misma estrategia: promesas de estabilidad, amenazas veladas, cuotas mensuales que garantizan que nadie te bloquee la entrada.

He visto a colegas perder licitaciones porque no aceptaron firmar contratos colectivos con ellos. He escuchado a inspectores laborales decir en voz baja: “es mejor que los tengas de tu lado”. Algunos funcionarios municipales miran hacia otro lado. Otros directamente participan. La red está tan tejida que uno no sabe si enfrenta a un sindicato o a un sistema. Y ese sistema se alimenta del miedo.

No somos santos. En esta tierra, todos aprendimos a negociar. Pero hay una diferencia entre negociar y arrodillarse. Cada vez que pagas, te vuelves cómplice del silencio. Cada vez que callas, legitimas el abuso. Y eso nos ha traído hasta aquí: a una región que se jacta de ser el motor industrial del norte, pero que está secuestrada por la extorsión sindical.

Cuando el Senado aprobó la reforma al Artículo 73, muchos de nosotros lo celebramos en voz baja. No porque confiemos ciegamente en las leyes, sino porque por primera vez vimos una puerta abierta. La reforma permite al Congreso federal crear una legislación única para perseguir la extorsión, sin depender de fiscalías estatales que muchas veces están coludidas o rebasadas. Si se aplica con rigor, organizaciones como la CATEM ya no podrían escudarse en su “autonomía sindical” para operar impunemente. Extorsionar dejaría de ser una falta administrativa o un conflicto entre particulares: sería un delito grave, federal y con castigo.

Sin embargo, en la Comarca las leyes tardan en llegar. Aquí las noticias se filtran despacio, como el agua entre las grietas del desierto. La reforma todavía suena lejana, una promesa que se debate entre papeles. Mientras tanto, los mismos hombres siguen rondando las obras, ahora más discretos, más calculadores. Dicen que no extorsionan, que “negocian derechos laborales”. Pero uno aprende a leer las miradas, y esas no cambian.

Hace poco hablé con un contratista de Lerdo, un viejo amigo que decidió enfrentarlos. Denunció públicamente a la CATEM por bloqueo de obra. Días después, le quemaron una camioneta afuera de su casa. No hubo detenidos. Las autoridades dijeron que “no se podía vincular directamente el ataque con el sindicato”. En la Comarca, la impunidad se viste de burocracia.

Algunos me preguntan por qué sigo aquí, por qué no cierro y me voy. Les digo que no puedo abandonar lo que construí con mis manos. Mi padre me enseñó que trabajar dignamente era una forma de resistencia. Pero hoy esa palabra —“dignidad”— suena frágil. La repetimos para no olvidarla, como una plegaria.

La reforma al Artículo 73 puede cambiar el mapa si se traduce en acción. Si las fiscalías federales realmente investigan, si los jueces no se doblan, si el gobierno deja de ver a los sindicatos como aliados políticos y los observa como lo que muchos se han vuelto: estructuras paralelas de poder. La CATEM, bajo el liderazgo de Pedro Haces Barba, se vendió como una alternativa moderna al sindicalismo corrupto del pasado. En la práctica, ha replicado sus vicios con nuevos nombres. Lo que antes era control de la CTM, hoy se llama “autonomía laboral”. Lo que antes se imponía con violencia, hoy se cobra con contrato.

Cada semana, cuando paso por el bulevar Ejército Mexicano rumbo a Torreón, veo los anuncios que dicen “La Laguna avanza”. Y me pregunto: ¿avanza hacia dónde? Si trabajar se ha vuelto una forma de sobrevivir a la extorsión, algo está roto más allá de la ley. La Comarca no necesita discursos ni promesas: necesita que se respete el trabajo, que no se cobre por producir, que un obrero no tenga que pagarle a nadie por ganarse la vida.

A veces, cuando cierro el taller al anochecer, me quedo viendo las luces del parque industrial. Pienso en todos los que seguimos aquí, sosteniendo esta tierra con callos y deudas. La reforma al Artículo 73 es un paso, pero el verdadero cambio no vendrá de un decreto. Vendrá cuando dejemos de normalizar el miedo. Cuando digamos los nombres, cuando se investigue, cuando se castigue. Cuando cada trabajador y empresario de la Comarca pueda abrir su puerta sin mirar atrás.

Porque no pedimos privilegios. Solo pedimos que nos dejen trabajar sin tener que pagar por hacerlo.

(En abril de 2025, el Congreso de la Unión publicó la reforma al Artículo 73 que faculta al Poder Legislativo federal para emitir una ley general contra la extorsión, con el fin de unificar criterios y endurecer penas, especialmente cuando el delito sea cometido por organizaciones sindicales o grupos criminales. En regiones como la Comarca Lagunera, esta medida podría marcar un antes y un después en la lucha contra la extorsión disfrazada de representación laboral.)