Red de extorsión en torno a la pollinaza: productores denuncian complicidad de la Vicefiscalía y la CATEM en La Laguna

Gómez Palacio, Dgo. — Desde principios de 2023, productores avícolas de la Comarca Lagunera comenzaron a notar un patrón que con el tiempo se transformó en una red de control y extorsión en torno a la comercialización de la pollinaza —el desecho orgánico del pollo que se utiliza como abono o alimento para ganado—. Lo que inició con la aparición de un “carrito blanco” y una “Ram doble cabina” acompañadas por patrullas estatales y municipales, derivó en un sistema de intimidación y monopolio que, según denuncian los propios afectados, opera con complicidad de autoridades de seguridad y presunta participación de la organización sindical CATEM Durango.

“Al principio pasaban por las granjas, dejaban un papelito que decía que la pollinaza ya era de ellos y que ellos pondrían el precio”, relata uno de los productores. “En ese momento el precio real de la tonelada estaba en $1,700, pero ellos pagaban $250. En el papel dejaban un número de celular. Cuando llamamos para confirmar, nos dijeron que toda la información se daría en la Vicefiscalía y que preguntáramos por lo de la pollinaza; ahí nos darían razón”.

De acuerdo con los testimonios recabados, los mensajes eran dejados sin nombre al inicio, pero posteriormente comenzaron a circular otros con nombre y número, e incluso con la firma de un supuesto encargado identificado como Muro Cabrera. Sin embargo, el número telefónico era el mismo en todos los casos.

Las patrullas y el modus operandi

Los productores aseguran contar con fotografías de cámaras de seguridad donde se observan los vehículos que llegaban a las granjas: un carrito blanco, una Ram doble cabina similar a las utilizadas por la Vicefiscalía, además de patrullas estatales y municipales. “Eran las mismas patrullas que acompañaban las visitas”, explican.

Foto de cámara de seguridad donde se aprecia la presencia de una patrulla oficial participando en la extorsión

En paralelo, otro grupo comenzó a operar en la zona de Mapimí, Bermejillo, Ceballos y Tlahualilo, enviando a un intermediario o “coyote” que compraba la pollinaza a precios fijados por ellos, muy por debajo del valor real de mercado.

Esta es una Conversación de otro aparcero (productor de pollo) que relata el método de extorsión:

“Los afectados somos muchos —explica otro avicultor—: primero los productores, que no podemos vender o tenemos que hacerlo al precio que ellos dicen; luego los camioneros y macheteros que encostalan, porque los amenazan con detenerlos en el camino; después los compradores, que tienen pedidos y no pueden trabajar; y al final los ganaderos, que son los más perjudicados, porque sin la pollinaza el ganado no tiene con qué alimentarse en esta sequía tan dura”.

El valor estratégico de la pollinaza

La pollinaza es un subproducto fundamental para los agostaderos del norte de Durango. Contiene alta proteína y es un suplemento barato para el ganado. Según productores de la zona del “120”, rumbo a Mapimí, su carencia podría provocar una crisis de mortalidad animal si no se corrige el acaparamiento actual.

En mayo de 2025, el precio impuesto por los grupos que controlan el mercado oscilaba entre $350 y $500 por tonelada, cuando en temporada debería venderse entre $1,200 y $1,500. Los mismos acaparadores, denuncian los productores, han llegado a revender la pollinaza a $1,400.

“Si alguien transporta pollinaza sin su autorización, los paran en el camino, los detienen y los liberan solo si pagan la cuota que ellos exigen. Todo esto con ayuda de la policía estatal y de la Vicefiscalía”, acusa uno de los testimonios.

Denuncias ignoradas

Ante el avance del problema, los productores buscaron apoyo institucional. Según consta en los relatos, el Mando Especial de La Laguna, dirigido entonces por el General Báez, solicitó que se interpusieran denuncias formales para poder actuar. Sin embargo, los afectados se encontraron con un obstáculo insalvable: las denuncias debían presentarse precisamente en la Vicefiscalía de la región, señalada por ellos mismos como parte del esquema.

“El General Báez pidió una reunión con la fiscal del estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso”, recuerdan los avicultores. “La reunión se hizo en las oficinas del Mando Especial en Torreón, y fue acompañada por personal de la Fiscalía Anticorrupción.

Nos tomaron una denuncia colectiva anónima para poder proceder. La fiscal nos prometió que iba a mover a los agentes que tenía en la Laguna… pero nunca pasó. Y nunca más volvimos a tener contacto con ella”.

Posteriormente, los productores continuaron reuniéndose en el Mando Especial. En algunas ocasiones acudieron hasta quince avicultores, buscando una solución coordinada. Pero las reuniones se suspendieron abruptamente. “Nos dimos cuenta de que saliendo de las juntas, los malos ya sabían todo lo que habíamos tratado. Empezaron las amenazas directas contra varios compañeros”, narra otro testimonio.

Complicidad y miedo

El temor se extendió entre los productores, los transportistas y los compradores. Muchos optaron por vender al precio impuesto para evitar represalias. Otros, simplemente dejaron de operar.

El caso, además de implicar un impacto económico severo, refleja una presunta colusión entre grupos delictivos y agentes del Estado. La presencia recurrente de patrullas oficiales y la referencia directa a la Vicefiscalía en los mensajes dejaron a los productores sin vías seguras de denuncia.

A lo largo de 2024 y 2025, se acumuló evidencia en forma de mensajes escritos, fotografías y registros de llamadas que apuntan a un mismo número telefónico utilizado para imponer precios y controlar la compra. Uno de los papelitos, según muestra una imagen en poder de los afectados, contiene el número 87-17-83-50-66, sin nombre, pero vinculado posteriormente al alias “Muro Cabrera”.

Señalan a la CATEM Durango

Los avicultores aseguran que la organización responsable de coordinar este control del mercado es la CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México) en Durango. Según los testimonios, “ellos son quienes organizan el cobro y controlan la distribución, utilizando intermediarios y respaldo de autoridades locales”.

Las Fotografías muestran al vehículo compacto acompañado de la camioneta blanca que presuntamente pertenece a la Vicefiscalía.

Hasta el momento, no se ha abierto una investigación pública sobre los hechos ni se han producido detenciones relacionadas con estas denuncias. Los productores afirman que las extorsiones continúan y que los precios siguen controlados por los mismos actores.

El silencio oficial

Intentos por obtener una postura de la Fiscalía General del Estado de Durango no han recibido respuesta. Tampoco ha habido pronunciamiento de la CATEM Durango, pese a las múltiples menciones de su presunta implicación en las denuncias presentadas desde 2023.

Mientras tanto, los avicultores de Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Ceballos y Bermejillo aseguran que el control ilegal de la pollinaza no solo ha quebrado la economía de pequeños productores, sino que amenaza con profundizar la crisis agropecuaria del norte de Durango.

“Nos quitaron la libertad de trabajar, de vender, de negociar. Y lo peor es que lo hicieron con la complicidad de quienes deberían cuidarnos”, concluye uno de los afectados.