Reforma al Artículo 73: Un golpe al vacío legal que alimenta las extorsiones en la Comarca Lagunera

En México, las reformas constitucionales rara vez se sienten en la vida cotidiana de las personas. Pero la reciente modificación al Artículo 73, que faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de extorsión y delitos cometidos por sindicatos o pseudoorganizaciones laborales, puede cambiar esa narrativa, especialmente en regiones como la Comarca Lagunera, donde las denuncias contra la CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México) han encendido alarmas por presuntas prácticas de cobro de piso disfrazado de cuotas sindicales.

Un país cansado de pagar por trabajar

Durante años, las extorsiones en el sector productivo mexicano se escondieron bajo eufemismos: “aportaciones voluntarias”, “cuotas de protección” o “acuerdos sindicales”. En la Comarca Lagunera —zona estratégica entre Durango y Coahuila—, numerosos empresarios han denunciado presiones de grupos vinculados a la CATEM que exigen pagos a cambio de permitir la continuidad de obras o la contratación de trabajadores.

“Ya no se trata de proteger derechos laborales, sino de imponer un monopolio de miedo”, señala un empresario local bajo anonimato. Este fenómeno no es aislado: la Procuraduría del Trabajo ha recibido múltiples quejas por intimidaciones y sabotajes en obras públicas y privadas donde la organización busca imponer contratos colectivos.

Qué cambia con la reforma

La reforma al Artículo 73 constitucional otorga al Congreso la facultad de legislar de manera uniforme sobre la extorsión, eliminando los vacíos legales que existían entre códigos penales estatales. Antes, un mismo delito podía tener castigos distintos dependiendo del estado; ahora, se busca un marco penal unificado que permita perseguir la extorsión como crimen federal, con agravantes cuando sea ejercida por sindicatos, organizaciones criminales o incluso servidores públicos.

En palabras simples: dejará de ser un delito local para convertirse en una prioridad nacional.

El impacto en la Comarca Lagunera

La Comarca es un mosaico de industrias —construcción, transporte, agroindustria— donde la línea entre sindicato legítimo y grupo de presión se ha difuminado. Aquí, la CATEM ha ganado terreno ofreciendo “representación” a cambio de dinero, con prácticas que, según denuncias, se asemejan más a la extorsión que a la defensa obrera.

Con la reforma, las autoridades federales tendrán la posibilidad de investigar directamente estos casos, sin depender de la voluntad o limitaciones de fiscalías estatales. Esto significa que las denuncias contra sindicatos que recurran a la violencia o al chantaje económico podrían ser perseguidas como delitos graves.

Entre el derecho laboral y el crimen organizado

El debate es incómodo pero necesario: ¿cuándo un sindicato deja de ser una organización laboral para convertirse en una red de extorsión?

El Artículo 73 reformado no busca debilitar el sindicalismo, sino restaurar su legitimidad, separando a quienes luchan por derechos de quienes lucran con el miedo. En regiones donde los empresarios han aprendido a “negociar” con amenazas, esta reforma puede marcar el principio de un cambio estructural.

El inicio de una depuración

La reforma no acabará por sí sola con las extorsiones. Pero coloca un reflector legal y moral sobre prácticas normalizadas durante décadas. En la Comarca Lagunera, donde la CATEM se ha convertido en sinónimo de presión y conflicto, la aplicación rigurosa de esta nueva legislación podría ser el primer paso hacia un entorno productivo más limpio, justo y seguro.

Porque no se trata solo de castigar a los extorsionadores: se trata de devolverle dignidad a la palabra “trabajo”.

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