Alerta en la Comarca Lagunera: denuncian extorsiones que controlan el traslado de ganado
- Redacción
- 7 oct
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Gómez Palacio / Comarca Lagunera, Durango / Coahuila.– En la zona ganadera de La Laguna se ha desatado una crisis de extorsiones sistemáticas que afecta a productores, compradores y transportistas de ganado. Grupos delictivos han impuesto condiciones para mover reses, cobrando cuotas ilegales y utilizando la intimidación como herramienta de dominio territorial. La policía estatal, según testimonios y denuncias recientes, se encuentra vigilando puntos clave para validar permisos de tránsito bajo su control.
Las imágenes captadas recientemente muestran patrullas estatales en carreteras rurales de la región, y unidades que interceptan camiones transportadores de ganado aparentemente para verificar permisos o exigir “autorizaciones” que, según los afectados, solo pueden otorgar los extorsionadores.
Modus operandi: cuotas por animal y por kilo
Los ganaderos denuncian que, desde hace meses, enfrentan un sistema de cobros ilegales para movilizar “vacas urgentes” o incluso animales lesionados.
Solo los grupos extorsionadores “autorizan” el movimiento de ganado caído o enfermo, obligando a reportarlo y pagar entre 3,000 y 3,500 pesos por cabeza. Además, se exige un pago adicional de 1 peso por kilogramo al trasladar animales al rastro.
Los transportistas son detenidos en carretera por la policía estatal, quienes revisan si portan la aprobación de los extorsionadores; de no ser así, deben esperar a que llegue la gente del grupo para negociar el pago y poder continuar el viaje.
Actualmente, los compradores también tienen que reportar anticipadamente los movimientos de ganado para recibir la autorización de circular con sus unidades.
Extorsiones en aumento
Estas prácticas se han extendido más allá del ámbito ganadero. En distintas zonas de la Comarca Lagunera se han registrado cobros ilegales por el traslado de productos agrícolas, materiales de construcción, insumos de riego e incluso el uso de maquinaria.
Los productores señalan que las cuotas varían según la actividad: desde pagos por peso o por animal, hasta montos fijos por hectárea. Las amenazas, agresiones y presiones para desistir de las denuncias se han vuelto frecuentes, mientras las autoridades locales y estatales no han mostrado una respuesta contundente.
Presunta complicidad institucional
Productores y transportistas señalan que las operaciones de los grupos extorsionadores son visibles y se realizan con aparente tolerancia de cuerpos policiacos. En varios puntos de la región, las patrullas de la Policía Estatal permanecen estacionadas cerca de los retenes donde se detiene a quienes transportan ganado, lo que ha alimentado la sospecha de que existe algún nivel de complicidad.
Los testimonios indican que los operativos de vigilancia no buscan combatir la extorsión, sino verificar que los conductores cuenten con la “autorización” de quienes controlan el negocio ilegal. En caso contrario, los obligan a detenerse hasta que llegue un intermediario del grupo para resolver la situación mediante el pago de dinero.
Impacto económico y social
La Comarca Lagunera es una de las regiones agropecuarias más importantes del norte del país. La imposición de cobros ilegales ha comenzado a generar un efecto dominó:
Los costos de producción se han incrementado notablemente.
Los intermediarios están abandonando la actividad por miedo a represalias.
Los pequeños productores enfrentan pérdidas que amenazan su subsistencia.
El miedo también ha modificado la dinámica social de los municipios rurales: hay menos movimiento nocturno, más rutas alternas y una desconfianza generalizada hacia las corporaciones de seguridad.
Una región bajo presión
La situación ha detonado una ola de inconformidad entre ganaderos, agricultores, transportistas y comerciantes que reclaman la falta de acción del gobierno estatal. Muchos afirman que ya no se trata de simples extorsiones, sino de un sistema organizado de control económico y territorial.
En municipios como Gómez Palacio, Lerdo, Cuencamé y Tlahualilo, las denuncias apuntan a que los cobros se han institucionalizado y que las autoridades locales han optado por guardar silencio. Mientras tanto, la economía rural se deteriora y el miedo se instala como una constante en el día a día de quienes viven del campo.
Un grito que busca respuesta
Los productores advierten que, si las autoridades no intervienen con firmeza, podría generarse un colapso en la cadena ganadera y alimentaria de la región. Exigen la intervención federal, la depuración de mandos policiales y la creación de una mesa de seguridad que garantice el libre tránsito y el derecho al trabajo.
“El campo lagunero se nos está yendo de las manos”, lamenta uno de los ganaderos afectados. “Ya no se puede mover ni una vaca sin pagar o pedir permiso. Y lo peor es que todos saben lo que pasa, pero nadie hace nada”.
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